Sentencia C-1510 de 2000

Alejandro Decastro González demandó ante la Corte Constitucional las normas del código penitenciario y carcelario donde se consagraba que las únicas actividades de trabajo o de estudio que podían ser certificadas para efectos de la redención de la pena por la autoridad penitenciaria competente eran las desarrolladas en el establecimiento o centro de reclusión, omitiendo el evento en que las actividades se efectúen en el domicilio del detenido.  La Corte Constitucional aceptó el planteamiento al declarar “la EXEQUIBILIDAD de las expresiones “centro de reclusión”, contenidas en los artículos 80 y 81 de la Ley 65 de 1993, bajo el entendido de que ellas comprenden también los casos de detención domiciliaria o de detención parcial en el lugar de trabajo y sin que se pueda discriminar entre el trabajo material y el intelectual.”

Ver sentencia C-1510 de 2000.

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